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Del banco a las trincheras

Del banco a las trincheras

"En referencia a su consulta, le informamos que Catalunya Caixa, en los informes anuales publicados, facilita la información detallada de las inversiones realizadas". Esta es la respuesta que ofrece el Departamento de Comunicación de Cataluña Caja, por correo electrónico cuando se le pregunta por los proyectos que financian. Pero, según el coordinador e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz Jordi Calvo, hay que llegar a pagar entre 2.000 y 3.000 euros para obtener tan sólo una parte de los datos sobre los proyectos que financian los grandes bancos. La imagen que transmiten las entidades a través de la publicidad hace referencia tan sólo a los proyectos con impacto positivo, a pesar de que estos representen una pequeña parte del total de las inversiones. La realidad es que la mayoría de clientes no tienen conocimiento de los sectores en los que se invierte su capital. "Sin que tú lo sepas, están invirtiendo tu dinero en empresas de armas", afirma Calvo. De manera indirecta, cuando se deposita el capital en un banco convencional, sólo un 7% o un 8% está disponible; el resto ha sido invertido. Una parte de esta cantidad es probable que se haya destinado al sector armamentístico.

CatalunyaCaixa (marca hoy adquirida por el BBVA) ocupaba el séptimo lugar en el ranking de los bancos que, de una manera u otra, financian la industria de las armas en el año 2014, según un informe que publicó el Centro Delàs. Aquel año, la inversión de esta entidad en este sector fue de 31.960.000 euros, según la campaña Banca Armada . Hoy, el séptimo lugar del panel lo ocupa el Banco Sabadell, según el estudio más reciente de la entidad, publicado el 29 de junio, que recoge la actividad bancaria y financiera en relación con la industria armamentística durante el periodo 2011 -2016.

Cuando una particular quiere obtener este tipo de información, se encuentra con todo tipo de impedimentos. Mientras a través del contacto por correo electrónico invitan a hacer una consulta en cualquier oficina, en estas sedes, las trabajadoras se limitan a redirigir la cuestión de nuevo al departamento de comunicación. "Tenemos la información, pero no podemos ofrecerla desde la oficina", afirma un trabajador de la sucursal de Cataluña Caja de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El primer lugar del ranking elaborado por el Centro Delàs en cuanto a la concesión de créditos destinados a la industria armamentística lo ocupa el BBVA, con créditos concedidos a empresas fabricantes de armamento por valor de 2,436,291,479.71 euros durante el periodo 2011 -2016. Cuando se intenta contactar con este banco por vía telefónica para hablar sobre esta cifra, la cuestión pasa de nuevo por diferentes departamentos. Al final, no se obtiene contestación. Presenta cierta similitud con el caso del Banco Santander, segundo en inversión armamentística en el Estado con 1,287,172,840.76 euros. A pesar de haber contactado con el departamento de comunicación y con una de sus oficinas, no ha habido respuesta. Ambos bancos son los principales inversores españoles en el sector de las armas, con una gran diferencia respecto al tercero, Bankia -entidad intervenida y rescatada por el Ministerio de Economía en el año 2012- (175.302.560,79 euros).

BBVA y Santander son, de largo, los principales bancos españoles inversores en el sector de las armas, con una gran diferencia respecto al tercero, Bankia

Cómo el dinero de la gente ahorradora acaba financiando armas

"Históricamente, los bancos y las armas han constituido un matrimonio de conveniencia. Las armas han defendido, cuando ha hecho falta, el negocio bancario y los bancos han financiado el negocio del armamento de forma continuada". Así de contundente se muestra el economista Arcadi Oliveres en el prólogo del libro Banca armada vs banca ética . En este trabajo, Jordi Calvo profundiza en las cinco modalidades principales de financiación de armas, practicadas por muchos bancos tradicionales españoles. Así lo denuncia Olivos al mismo documento: "La banca española y también la banca extranjera establecida en España no son, en absoluto, ajenas a esta voluntad de creciente militarización y ofrecen una amplia panoplia de posibles financiaciones a los fabricantes de armas".

El Banco Santander es el banco comercial español que invierte más dinero en participaciones accionariales, bonos y fondos de inversión destinados a empresas de armas, según las cifras del último estudio del Centro Delàs (17.345.326,06 euros), por delante de CaixaBank, el Grupo EDM, el BBVA y Bankia. Pero, por encima del Santander, hay varias sociedades de inversión públicas, sociedades de capital riesgo y bancos de inversión: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (en lo más alto del ranking), Acciona, la Banca March, Renta 4 Blanco y Mutua Madrileña. El BBVA copa el ranking en emisiones de bonos y pagarés a fabricantes de armamento, por delante del Santander (303.915.278,40 euros y 213.786.180,73 euros respectivamente durante el periodo 2011-2016). El Santander invirtió cerca de 1.000 millones en armas nucleares en una década, según datos del Centro Delàs del año 2012.

Estas entidades constituyen lo que, desde sectores pacifistas, han llamado la banca armada . Este concepto engloba aquellas entidades financieras -bancos y cajas, pero también algunas asseguradores- que, de una manera u otra, dan dinero a las empresas relacionadas con la industria armamentística. Las formas de financiación van desde la participación accionarial directa hasta la emisión de bonos y pagarés, pasando por la financiación de las exportaciones, la cesión de préstamos, la presencia en fondos de inversión y la concesión de créditos. Fondos de inversión o como los bancos se lavan las manos

Es a través de los fondos de inversión que la clientela puede decidir de manera más directa el destino de sus ahorros. Puede, incluso, que sean las mismas clientas quien toma la iniciativa y solicita esta acción. Aquí es cuando el banco aprovecha para delegar la responsabilidad de las consecuencias en la clienta. Aún así, Calvo apunta que "sin la mediación, la promoción y la gestión de fondos de inversión armados por parte de las entidades financieras, estas inversiones no se podrían llevar a cabo". El experto sugiere que las consecuencias de los fondos de inversión no son tan directas como las de un préstamo, sino que más bien son resultados a posteriori: "El dinero de los clientes va a parar al fondo de inversión y este compra acciones o participaciones de empresas de armas. con ello, el valor de la empresa aumenta y, si la empresa aumenta en el mercado, significa que es más atractiva, tendrá más inversores y los bancos le concederán créditos con más facilidad ".

Esta no es una práctica exclusiva de los bancos. Hay aseguradoras que también participan en los fondos de inversión. Algunos ejemplos citados a Banca armada vs banca ética  son Mapfre, Catalana Occidente, Aviva y Allianz. Todas estas invirtieron en Indra, una de las principales empresas armamentísticas de España.

Todo este conjunto de organizaciones han sido denunciadas a través de la campaña Banca Armada, una colaboración entre el Centro Delàs, Setem, HECHOS, Justicia y Paz y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). También promocionan otras campañas que interpelan directamente los bancos que ocupan los primeros lugares del ranking español de inversión en armas. Estas campañas persiguen el objetivo de "informar y sensibilizar a la sociedad para que exija a las entidades financieras españolas que cambien sus políticas y finalicen toda relación con empresas socialmente irresponsables", de acuerdo con el portal digital de Banca Armada.

El autor de Banca armada vs banca é tica  afirma que existen más de 56 bancos que dan sentido al concepto banca armada , aunque su investigación sólo se centre en aquellos de los que tiene más información. Además, a menudo sólo existen cifras sobre las armas consideradas "peores": bombas de racimo (ahora prohibidas en España y sustituidas por las minas antipersonas) y las armas nucleares, entre otros. Encontrar datos sobre armas ligeras, por ejemplo, resulta más costoso.

El comercio de armas

Según los datos de Amnistía Internacional (AI), el comercio de armas de los últimos diez años genera un volumen anual medio de 100.000 millones de dólares, "incluyendo el llamado material de defensa, equipos para las fuerzas del orden y algunas armas deportivas ". El 70% de las exportaciones mundiales proceden de los Estados Unidos de América, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, todos ellos estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. "Entre los diez primeros fabricantes, también encontramos Alemania, España e Italia", añade AI.

España es el séptimo país exportador de armas del mundo -un 3% del total, datos del periodo 2010-2014- de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo ( SIPRI ). EEUU ocupan la primera posición del ranking, con un 31% de las exportaciones. Rusia se sitúa en segundo lugar con un 27% y China al tercero con un 5%. En el top ten de esta clasificación, aparte de Israel (que se encuentra en la última posición) y Ucrania, el resto son países de la Unión Europea, "fundada sobre los valores del respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los de las minorías ", según sus principios fundamentales: Alemania, Francia, España y el Reino Unido (que ha sido miembro hasta ahora).

No obstante, se ha producido un avance en la regulación de este sector, caracterizado más bien por la falta de transparencia y las operaciones turbias. "La entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas del 24 de diciembre de 2014 marcó un avance histórico para los derechos humanos", declara Amnistía Internacional. El tratado, que establece las normas básicas para el comercio de armas, reclamado desde los años 90 por AI y por otras ONG, consiguió ser ratificado el 25 de septiembre de 2014 por 50 estados que, a su vez, lo incorporaron a las legislaciones estatales respectivas para que pudiera entrar en vigor tres meses después.

Responsabilidad gubernamental y conciencia social

El Estado español ratificó el tratado, pero, además, cuenta con la Ley 53/2007 y con dos reales decretos, uno de 2008 y otro de 2011. Calvo valora positivamente estas medidas, pero son los diferentes ministerios del gobierno los que finalmente deciden conjuntamente qué casos autorizan y cuáles no.

"Existen destinos preocupantes para una buena parte de estas transferencias, especialmente en países con conflictos armados, pero también a otros destinos donde se producen acciones violentas, de represión, de abusos contra mujeres y niñas o de crimen organizado", manifiesta AI. Uno de estos destinos es, en el caso de las exportaciones españolas, Arabia Saudí (el tercer país, después de Reino Unido y Francia, que importa más armamento español), que, además de vulnerar los derechos humanos, interviene en el conflicto de Yemen; sin embargo, el Estado destina un 10% de las exportaciones, de acuerdo con datos de SIPRI. "El nivel de exportaciones a Arabia Saudí ha aumentado. En los últimos años, cada vez se le venden más armas (...). Se está produciendo un debate importante en la Unión Europea y se está pidiendo a la Comisión y al Consejo que haya un embargo. Probablemente, se logrará limitar las ventas allí ", explica el investigador Calvo.

Arabia Saudí es, tras el Reino Unido y Francia, el tercer país que importa más armamento español. Se destina un 10% de la producción

A pesar de los avances legales en materia de comercio de armas y dejando aparte las exportaciones, el Estado español continúa invirtiendo 52 millones de euros diarios en la guerra, según Arcadi Oliveres. El ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, había sido consejero (2005-2007) y posteriormente representante de la empresa española Instalaza, la fabricante de bombas de racimo más importante del mundo. Morenés dejó la compañía en octubre de 2011, poco antes de que el PP ganara las elecciones generales. La empresa fabricó bombas de racimo hasta que fueron prohibidas por el tratado de Dublín de 2008. Como resultado de este hecho, pidió una indemnización de 40 millones de euros en mayo de 2011, tal como se explicaba en abril de 2012 en un artículo de Tercerainformacion.es . Olivos también afirma el cobro de esta indemnización.

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