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Contra el paro y la esclavitud, abajo los muros de las prisiones

cadiz libertaria abajo muros prisiones 2Los presos se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI. El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal (ETT) y tiene a más de 12.000 presos trabajando en unos 200 talleres.

A ellos hay que sumar los que están bajo el control del CIRE (Centro para la Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana. Los internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los convenios con la OATPP.


Instituciones Penitenciarias de 2012 obtuvo beneficios de cinco millones de € (con ventas de 162 millones) gracias a la actividad productiva de los internos de todas las prisiones: un total de 12.217, de los cuales 3.119 producían para empresas privadas.


Amadeu Casellas estuvo preso en las cárceles españolas durante más de veinticinco años y acaba de publicar el libro Un reflejo de la sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia, en el que denuncia con nombres y apellidos a los que se enriquecen con los reclusos. Entre ellos están la familia Pujol-Ferrusola, Telefónica, El Corte Inglés, ACS, el Banco Santander y Ayuntamientos de toda España, y muchos más. Marta Ferrusola estuvo en la directiva del CIRE a finales de la década de los noventa, aunque nunca se la veía por su despacho. El ex recluso Amadeu Casellas la denunció en su día sin éxito ante la Fiscalía porque decía que cobraba un “sueldazo” sin acudir a su puesto de trabajo. Por otro lado está la empresa Servivending, que suministraba productos y máquinas expendedoras al CIRE y que al parecer fue puesta en marcha por uno de los hijos de Jordi Pujol, aunque actualmente solo aparece como administrador único Manuel Antolín Aznar.


El Corte Inglés se enriquece con los presos que tiene trabajando para sus tiendas en unas condiciones precarias, y por otro lado suministra a las prisiones sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, sillas, ropa para penados y funcionarios, mantas, colchas y hasta los lotes higiénicos. Y son los presos los que están fabricando todo el material textil con sueldos que no pasan de 200 euros al mes.


También Correos usa presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12 euros por ocho horas de trabajo.
Otras muchas empresas y sectores se nutren de la mano de obra barata de las cárceles. Por ejemplo, el de fabricación de automóviles. En las cárceles se fabrican los salpicaderos de Seat, Volvo y Renault. También se producen las pastillas de frenos de casas muy conocidas como Jurid. En Lleida los presos le fabrican a la bodega Raimat cajas de fruta de madera y cartón. Hay imprentas donde se hace casi todo el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. En Girona, los presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que fabrica la empresa Manuart. Otro de los que saca tajada del negocio de las cárceles es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de su empresa ACS. Construye las cárceles y después cobra el alquiler, como es el caso de Brians 2, la prisión de Manresa, la de Figueras, la de Tarragona y
muchas más por todo el territorio español. Por cada una de ellas, dice Casellas en su libro, “cobra al mes más de un millón de euros”.


Florentino Pérez fue uno de los constructores que se benefició del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios que supuso la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias en el periodo 2006-2012, con una inversión de 1.647,20 millones de euros, además de otros 1.504 millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros. Otras empresas que también se han beneficiado son COMSA y Ferrovial. De la primera, su consejero delegado es Josep Miarnau, mientras que Ferrovial está presidida por Rafael del Pino Calvo-Sotelo. También participan del reparto del pastel FCC, grupo de empresas de las hermanas Koplovitz. También hay trabajos para empresas externas de carpintería metálica, confección industrial o cultivo en invernadero, a los que hay que añadir las tareas para las propias prisiones, como cocina, panadería, mantenimiento, jardinería y lavandería.


Telefónica obliga a todos los reclusos a comprar sus tarjetas para llamar a su familia, amigos, abogados, etc. Cada tarjeta cuesta un mínimo de 5 euros y pueden hacer dos llamadas a móvil si llaman dentro del territorio español. Si es al extranjero, el coste de la llamada se dispara.


Los presos pueden llamar cinco veces a la semana con un coste mínimo de 10 euros semanales por preso. Como en España son más de 60.000, calcúlense los beneficios. En Euskadi los presos trabajan para Eroski y Citroën. En Cataluña el Grupo Codorniu tiene a condenados trabajando para bodegas de Lleida. Otras empresas que utilizan la mano de obra barata de los presos son Saveco, Valeo (automóviles) y Asimelec (electrónica y comunicación). Además OATPP tiene contratos con Ayuntamientos de toda España y todo signo político. Las Cámaras de Comercio de muchas provincias firman convenios con esta entidad.


También tiene convenio con las cárceles la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB).
Se calcula que más de 100 empresas y 500 clientes particulares contratan presos, que apenas obtienen beneficios. vacaciones ni por supuesto posibilidad de denunciar su situación a través de los sindicatos, porque éstos están ausentes de las cárceles. Al obtener la libertad, por haber cotizado, no disfrutan del subsidio de excarcelación –426 euros, hasta en 18 meses– sino de la prestación por desempleo que apenas llega a los 100 euros, por lo que muchos internos prefieren no trabajar. Los salarios, según estos informadores, oscilan entre los 120 a los 150 euros al mes, con horarios de 8 horas diarias, cinco días a la semana.


Valentín Matilla González es un ex-ecluso que corrobora lo que publica Casellas: “Hay negocios en todas las cárceles, pero solo algunas se consideran ‘productivas’, porque fabrican para empresas”. Es el caso de la prisión del Dueso (Cantabria), “a la que todos quieren ir porque trabaja con muchas subcontratas y hay mucha indigencia. Para que te trasladen tienes que portarte bien, y hay tráfico de influencias”. Habla de El Corte Inglés, el suministrador “oficial” de los objetos de consumo de los presos: “Si un interno quiere tener una televisión, no puede ir al mercado libre, sino que tiene que comprarla en El Corte Inglés”. El sistema es el siguiente: aparece por las cárceles cada 15 días lo que los internos llaman “el demandadero”, que recoge las necesidades de productos y objetos de los reclusos. Luego acude a El Corte Inglés a por ellos. También el Banco Santander se beneficia de una situación de monopolio porque los presos solo pueden tener sus ahorros en la entidad de Botín. Incluso, si se mandan transferencias, tienen que ser a través de este banco. Los presos gastan e ingresan a través de una tarjeta vinculada al Santander. Pueden ingresar un máximo semanal de 100 euros, lo que ocurre habitualmente los miércoles. Si, por ejemplo, el ingreso se hace un jueves, hasta el siguiente miércoles no se cobra, “así que imagínate qué negocio hace el Santander con el dinero de todos los presos de España durante los días que no pueden hacer uso de él”.


Matilla conoció a muchos presos que venían de otras cárceles españolas y le contaron los negocios de cada localidad. Pone el caso de Alcalá-Meco, en el que un director trasladó la panadería de la prisión al exterior para aumentar el negocio. En el Centro de Integración Social (CIS) de Villabona se preparan los destinos remunerados para algunos internos. Por ejemplo, para el sector de limpiezas, en el que la remuneración es de 150 euros mensuales. En la cocina las condiciones laborales “son un escándalo”, según Matilla, en referencia a las largas jornadas y la escasa remuneración. Luego están los cursos de jardinería remunerados que se realizan a través de convenios entre instituciones penitenciarias y muchos Ayuntamientos españoles. Los presos aseguran que no existen tales cursos, sino que son enviados a trabajar igual que los empleados municipales, cobrando unos 300 euros mensuales con la misma jornada laboral que sus compañeros; además, aseguran, tienen que pagarse el transporte.


El Ayuntamiento de Langreo utiliza presos como peones en las tareas de jardinería del Ayuntamiento. No está con ellos ningún monitor o formador sino que son grupos de 3-4 personas acompañados de un empleado municipal que les indica la tarea a realizar.

Cádiz Libertaria

Atlántica XXII, nº 34, septiembre 2014

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